“Proyecto de ley que reforma la Constitución Política de la República, introduciendo el estado de justicia en el ordenamiento institucional, permitiendo al Presidente de la República disolver el Congreso Nacional en el caso que indica y disponiendo la derogación de pleno derecho de toda norma jurídica que contravenga la constitución".
Ese es el enorme título del proyecto de ley que ingresó el diputado Gaspar Rivas y que rápidamente fue desestimado por gran parte de las bancadas.
En parlamentarias de la Región de Aysén, tampoco tuvo acogida. Más bien fue rechazado de plano por contravenir el ordenamiento democrático y por "irresponsable".
La diputada Marcia Raphael, consultada por DeNota, dijo que el proyecto de Rivas "es poco viable e irresponsable, puesto que viene a transgredir el rol y contrapeso de los poderes ejecutivo y legislativo".
Raphael añadió que "un escenario así pondría totalmente en riesgo nuestra democracia, donde hemos sido testigos de que somos un país que a nivel internacional demuestra madurez a través una transición colaborativa y respetuosa entre distintas fuerzas políticas; porque a pesar de las diferencias, comprendemos que el diálogo es esencial y nuestro Congreso también ha demostrado históricamente que tenemos capacidad de lograr acuerdos. Es una iniciativa antidemocrática y que por nuestra parte tendrá un rechazo categórico".
Desde el Senado se sumó al rechazo regional la senadora reelecta Ximena Órdenes, quien cree que "relativizar la institucionalidad democrática es peligroso e iniciativas de esta naturaleza abren paso al autoritarismo. Los problemas que tiene el país no se resuelven con estos métodos".
El proyecto fue ingresado el 21 de noviembre, aunque difundido esta semana, y Gaspar Rivas es su único autor. Similar a otras actuaciones, como cuando, vistiendo placa de sheriff, el diputado propuso pena de muerte contra delincuentes, en este polémico proyecto esta bastante solo.
